“Los agentes sociales más relevantes del catalán, gallego, asturiano y aragonés se suman a la protesta en solidaridad con el vasco.”

Denuncian que el poder judicial “ha asumido la capacidad de decidir dónde, cuándo y cómo deben existir nuestras lenguas”

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

Los principales agentes sociales en favor del catalán, gallego, asturiano y aragonés han mostrado este viernes su adhesión a la manifestación convocada por Euskalgintzaren Kontseilua para este sábado en Bilbao bajo el lema ‘Oldarraldiaren aurrean euskararekin bat euskaraz bat’ (Ante la ofensiva, junto al euskara, con el euskara), y han anunciado que sus representantes participarán en la marcha.

En una comparecencia conjunta celebrada este viernes en Bilbao han participado, junto a la secretaria general de Kontseilua, Idurre Eskisabel, el presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, por parte gallega; la responsable internacional de Omnium Cultural, Elena Jimenez, la presidenta de Acció Cultural del País Valenciá, Anna Oliver, el presidente de Obra Cultural Balear, Joan Miralles, y el miembro de Escola Valenciana Andreu Carapuig, en representación del catalán; y la representante de Xunta pola Defensa de la llingua Asturiana Natalia Suárez y el presidente de Iniciativa por Asturianu, Iván Llera, por parte asturiana.

También ha mostrado su adhesión a la marcha del sábado la Platafoma per la Llengua catalana y la asociación en favor del aragonés Nogará Religada, así como diversas asociaciones gallegas de Euskadi como Fato Cultural Castelao de Pasaia (Gipuzkoa), Centro Galego de Laudio (Álava), Asociación Cultural Rosalía de Castro de Barakaldo (Bizkaia) y Peña Deportivista Anduriña.

Así, todos los agentes sociales agentes han consensuado una declaración conjunta bajo el título ‘Frente a la ofensiva’, que ha sido leída por Eskisabel en euskera y por Maceira en castellano, en la que han denunciado que “el derecho a vivir en la lengua propia es un derecho humano que se les niega a millones de ciudadanos en el Estado español, mediante impedimentos de toda clase para vivir y usarla en todo tipo de servicios, como la salud, el comercio, la administración o la justicia”.

Asimismo, han criticado que “cada avance en el fortalecimiento de la presencia de las lenguas distintas al español debe pasar por rigurosas cribas”, mientras que, por el contrario, “las escasas normas que las amparan se aplican con absoluta dejadez”, como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Tratado Europeo de las Lenguas.

PODER JUDICIAL “ARROGANTE”

Además, los agentes sociales han advertido de que “estamos ante una nueva ofensiva, liderada por un poder judicial arrogante” que, “a pesar de su incapacidad para conocer y utilizar nuestras lenguas”, ha asumido “la capacidad de decidir dónde, cuándo y cómo deben existir, recortando las conquistas democráticas para la igualdad obtenidas con gran apoyo y demanda social”.

En este sentido, ha destacado que “frente a esta ofensiva, solo nos queda la voluntad democrática y colectiva que mantiene vivas nuestras lenguas”. “No podemos permitir que ganen en los tribunales lo que no pueden vencer en nuestros pueblos”, han añadido.

Por todo ello, los agentes sociales firmantes de la declaración han considerado que “necesitamos avanzar más, con pasos políticos firmes y decididos para eliminar todas las discriminaciones, los límites, las coacciones y las injerencias y garantizar la vida en nuestras lenguas con libertad, igualdad y justicia”.