OVIEDO, 6 (EUROPA PRESS)

El Consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico ha anunciado este martes que el Gobierno está estudiando las posibilidades técnicas y jurídicas para establecer un sistema bien de pagos parciales, bien de anticipos a cuentas de la compensación a propietarios y arrendadores por el decreto que suspende los procedimientos de desahucios y alzamientos para hogares vulnerables que no tengan una alternativa habitacional.

Ha indicado el consejero que son conscientes de la situación de muchos de esos propietarios y muchos de esos arrendadores que están afectados por estos reales decretos.

“Sabemos que no van a percibir esas ayudas hasta después del 31 de diciembre del 2024 y es algo que nos preocupa y que queremos, en la medida de nuestras posibilidades y nuestras competencias, ayudar a paliar”, ha dicho.

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Zapico ha replicado a Vox que “afortunadamente el país que pinta Vox no es el país en el que vivimos la mayoría de la ciudadanía, ni asturiana ni española” y ha asegurado que mientras los diputados de Vox “aprovechan la tribuna solamente para crear un clima de incertidumbre, de desasosiego y de crispación generalizada, este Gobierno aprovecha esta tribuna para lanzar medidas positivas que puedan facilitar y mejorar la vida de la gente”.

Zapico respondía así al diputado de Vox, Javier Jové, que le preguntaba en el Pleno sobre el problema de la ‘okupación’, recordando que en reiteradas ocasiones ya han plantado si el gobierno tiene previsto elaborar algún plan específico para luchar contra esa lacra. Así ha lamentado que el consejero no considere este asunto un problema y ha dicho que la respuesta del consejero “le deja perplejo”.

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“Con esas declaraciones y con otras animando al impago de los alquileres de VIPASA, con su amnistía a los morosos, usted ha desatado una oleada de ocupaciones como nunca antes la hubo en Asturias”, aseguró Jové.

Javier Jové anunció que desde Vox trasladarán a la Junta una extensa batería de medidas y propuestas para las que espera contar con el apoyo de la Cámara. Y es que a su juicio lo que busca el Gobierno es provocar una artificial, alerta y alarma habitacional con la que justificar aún más la intromisión en el mercado de la vivienda.


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