OVIEDO, 17 (EUROPA PRESS)

El viceconsejero de Industria, Isaac Pola, se ha referido este sábado a la decisión de la plantilla de la Inspección Técnica de Vehículos de rechazar la propuesta del Principado y mantener la convocatoria de huelga y ha asegurado que cree que “esta decisión por parte de la plantilla es una oportunidad perdida”.

Considera el viceconsejero, en unas declaraciones facilitadas por el Gobierno que se había planteado, la mejor oferta posible que el Principado podía plantear en el marco legal que es de aplicación, que contenía medidas de aplicación inmediata, de aplicación en dos meses y de negociación posterior, dejando abierta ese marco de negociación posterior y demás en el ámbito de la propia empresa.

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“Habíamos llegado a un acuerdo el martes pasado en el SASEC que implementaba medidas que atendían de forma inmediata algunas de las reivindicaciones por parte de la plantilla, además permitían una cuestión que siempre hemos tenido muy en cuenta, permitía la recuperación del servicio en sus términos habituales”, ha dicho Pola.

Respecto a lo que va a pasar a partir de ahora, Isaac Pola ha indicado que “corresponde a una instancia superior, que es el propio Gobierno del Principado”. “Adelantar qué es lo que va a pasar a partir de ahora sería temerario por nuestra parte. En ese sentido, decir que la instancia superior será la que decida qué es lo que procede aplicar en este momento”, ha dicho Pola.

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Así ha recordado que la negativa por parte de los trabajadores a esta plataforma de cuestiones supone la retirada de la oferta por parte del Principado, como ya habían advertido, y a partir de ahora serán decisiones de ámbito superior las que establezcan qué es lo que pasa a continuación.

ESTRICTA REGULACIÓN LEGAL

El viceconsejero ha indicado que los dos aspectos en los que había mayor discrepancia en la negociación venían derivada de dos inconvenientes legales por la imposibilidad para la empresa de contratar nuevo personal, salvo que estuviera vinculado a nuevas líneas de producción o nuevos centros de trabajo, y de reconocer la antigüedad dado que supondría un incremento de la masa salarial que no tiene acomodo en los presupuestos del Principado vigentes.

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“La pertenencia al sector público tiene sus ventajas evidentes pero también tiene sus inconvenientes en cuanto a una estricta regulación legal”, ha dicho Pola.


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