OVIEDO, 28 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Principado y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha replicado este lunes a la diputada del PP Cristina Vega Morán que su partido votó contra los presupuestos de 2022 que contemplan 25 millones de euros para el Plan del Suroccidente, recordando que el periodo de desarrollo de dicho plan es de 2015 a 2025.

El consejero remarcó que para una década se estimaron 253 millones, de los que a 31 de diciembre 2020 se había ejecutado el 67%. Igualmente, incidió en que para 2022 se presupuestaron 25 millones para el Suroccidente y el PP votó “en contra”.

Así, ante la pregunta de la parlamentaria del PP en la comisión del área sobre “qué plazos maneja para el cumplimiento del Plan del Suroccidente”, el consejero ha señalado “los que están en el plan”. Del mismo modo, ha asegurado que se está implementando “un plan adicional de infraestructuras para la comarca”.

Para Vega, dicho plan plurianual “empezó siendo un engaño en época electoral” y la población del suroccidente asturiano sigue “abandonada”, poniendo ejemplos de deficiencias en transporte escolar, recursos y equipamientos sanitarios o en infraestructuras de comunicaciones.

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Al respecto, Cofiño compartió algunas de las carencias apuntadas por la diputada del PP, pero animó a “reconocer el esfuerzo innegable” de la administración hasta la fecha y el compromiso de esfuerzo futuro, implementando el plan y diseñando un plan adicional para la zona.

De hecho, el vicepresidente remarcó que los asturianos mantienen “solidariamente” un hospital de cabecera en Cangas del Narcea para una población de 25.000 habitantes, algo que “no ocurre en ningún lugar de España”. Un compromiso que hizo extensible al “esfuerzo titánico” para el sostenimiento de una red de centros escolares que es “ejemplo también en toda España”. “No puede negarle a los gobiernos socialistas un esfuerzo tremendo en favor de las zonas rurales del oriente y el occidente de Asturias”, señaló.

Por otra parte, Juan Cofiño reiteró ante el PP la actuación “transparente” del Gobierno con la publicación en el perfil del contratante del ‘Estudio sobre el marco adecuado para la planificación y desarrollo del uso de la lengua asturiana y el gallego-asturiano en el ámbito del Principado de Asturias’, y dijo no tener “nada que evitar” respecto que no fuera incorporado como asunto en el Consejo de Gobierno.

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Cofiño reiteró al diputado del PP Pablo González que sí conocía el informe porque procura “estar atento a todo lo que ocurre en el ámbito del Principado de Asturias” y quiso zanjar la polémica sobre este asunto argumentando que no hubo traslado al Consejo de Gobierno o a la negociación sobre la reforma estatutaria porque la consejera de Cultura, Berta Piñán, entendió que el informe “no se adecuaba a la posición” que el Gobierno del Principado tiene sobre un modelo de “oficialidad amable”.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Entre otras cuestiones, el consejero también abordó el estado del concurso de trasladados y méritos de funcionarios del Principado a preguntas del diputado de Ciudadanos Luis Fanjul, quien reprochó años de retrasos y varias prórrogas, reclamando más eficacia y eficiencia, máxime en un momento como el actual en el que se tendrán que gestionar fondos europeos.

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Cofiño avanzó que se está ultimando el proceso y se prevé que el 1 de abril todo el mundo tomará posesión de su puesto, confiando en que no perturbe demasiado la gestión ordinaria y de fondos europeos.

Además, ha concretado que se han adscrito más de 61 efectivos para la gestión de fondos específicos europeos “en aquellos ámbitos básicamente de contratación” donde se entiende que “hay mayores deficiencias en el Principado o que hay que reforzar”.

Finalmente, Juan Cofiño ha defendido el proyecto de reforma de la administración para que sea “más eficaz, más eficiente y más sostenible en el tiempo” frente a las críticas de la diputada de Vox, Sara Álvarez, Rouco, quien ha recriminado 35 años de gestión socialista “plagada de deficiencias y costes altísimos” y urge una “reforma integral”.

El vicepresidente apuesta por “la mejor administración posible al menor coste posible”, defendiendo que la administración, con sus recursos y empleados públicos, “cumple un papel fundamental” para garantizar servicios de calidad en una comunidad que cuenta con la población más envejecida y con expectativa de vida muy larga.


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