OVIEDO, 17 (EUROPA PRESS)

La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Reyes Fernández Hurlé ha presentado este lunes una Proposición No de Ley en la que reclama «protección y defensa» para los propietarios de viviendas en alquiler ante las ocupaciones que sufren por parte de sus inquilinos en algunos casos.

Fernández Hurlé ha ofrecido una rueda de prensa acompañada por representantes de la plataforma de Propietarios de Viviendas en Alquiler, para poner de manifiesto la situación «desesperante» que están padeciendo, y que se agravará de seguir adelante la Ley estatal de Vivienda.

Junto a las normas aprobadas por el Ejecutivo nacional en materia de vivienda, que contemplan la paralización de desahucios a aquellos inquilinos de vivienda en alquiler en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional durante la pandemia, se aprobó en junio del año pasado una compensación para los propietarios de estas viviendas.

Sin embargo, los miembros de la plataforma, con su portavoz Jaime Acevedo a la cabeza, denuncian que el Gobierno asturiano no ha desarrollado esta normativa, que establece el procedimiento para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer frente a las compensaciones, dentro de su ámbito territorial.

Al hilo de esta situación, en la que los pequeños propietarios «son víctimas de la ilegalidad», el PP propone reformas legislativas para «proteger» a los titulares de los inmuebles.

En concreto se someterá a votación del parlamento asturiano que la Junta «se muestre favorable a que el Gobierno de la nación rectifique y paralice la tramitación de la Ley de Vivienda, por entrar en colisión clara y evidente con lo establecido en la Constitución española en relación con el derecho a la propiedad privada, por clara injerencia con las competencias atribuidas a CCAA y Ayuntamientos, por haberse elaborado al margen de las comunidades autónomas y por ser muy distante a lo esperado y demandado por el sector».

La iniciativa plantea también que la Junta «se muestre favorable a que se estudie y apruebe urgentemente, previa consulta con los colegios de abogados y procuradores de Asturias, la ampliación del derecho de asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos víctimas de ocupación ilegal de viviendas que, a consecuencia de dicha ocupación ilegal, caigan en situación de pobreza o vulnerabilidad».

Por último, el texto recoge que la Junta acuerde instar al Consejo de Gobierno a «promover políticas para fomentar mejoras en la gestión autonómica de la vivienda».

En Asturias, ha explicado Fernández Hurlé, han aumentado las ocupaciones de viviendas, llegando a 59 casos en 2020, último dato disponible. La ley de Vivienda que el gobierno estatal está elaborando, ha agregado, «blanquea la ocupación».

Desde la plataforma de propietarios, Jaime Acevedo ha remarcado que los afectados por ocupaciones «no pueden recuperar» sus viviendas, y ha criticado que «el Estado ha hecho a su gusto decretos que amparan más a la gente que no paga» que a los pequeños propietarios.

Aurora Fernández, miembro de la plataforma, ha remarcado que «muchos» de los propietarios que alquilan son pensionistas y arriendan su piso para «poder llegar a fin de mes». Cuando ocurre que un inquilino deja de pagar «porque dice que es vulnerable», el Gobierno «echa» sobre el propietario «el problema de esa persona que no se sabe en base a qué se ha considerado vulnerable», ha denunciado. Pide Fernández que sea el Estado el que corra con las deudas y gastos de estos inquilinos en lugar de «llevar a la ruina» a pequeños propietarios.


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