OVIEDO, 19 (EUROPA PRESS)
La Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles las enmiendas de totalidad de Izquierda Unida y Vox al proyecto de Ley de Calidad Ambiental. Así las cosas, el documento continuará su trámite parlamentario.
El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Asturias, Juan Cofiño, ha mostrado la disposición al diálogo del Ejecutivo para analizar aquellas enmiendas parciales que permitan “mejorar la norma”.
Cofiño, igualmente, ha defendido el proyecto que busca, afirmó, propiciar el desarrollo económico y mantener el control sobre las actividades contaminantes. Según resaltó, los nuevos procedimientos permitirán sustituir el dilatado trámite de licencia ambiental previsto en el reglamento de actividades molestas y promoverán la declaración responsable; y la normativa reducirá parte del trabajo burocrático de los ayuntamientos, que asumirá el Principado, mientras mantiene las competencias municipales relacionadas con el urbanismo.
El vicepresidente, que no ahondó demasiado en la enmienda de Vox más que para trasladar el malestar de los funcionarios redactores del texto ante su argumentario, instó a Izquierda Unida a repensar su posición.
Y es que Cofiño fue especialmente crítico con el “filibusterismo parlamentario” y el intento de “manipulación” por parte de IU, apuntillando que la Junta General no es una “duma soviética” sino el parlamento asturiano del siglo XXI.
La diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, criticó todos los aspectos del proyecto, señalando que el Principado de Asturias pretende adherirse “a los principios y fines del catecismo climático impulsado en la Agenda 2030 por las élites globalistas, así como a los ODS de Naciones Unidas”.
La enmienda a la totalidad e Vox también se refería a “cómo el espíritu del Proyecto de Ley de Calidad Ambiental es alinear la estrategia del Principado con los principios del Pacto Verde Europeo”, que considera “no son sino un paquete de iniciativas políticas que solo supondrán un mayor perjuicio para el sector primario español, a través de nuevas burocracias, más prohibiciones y más requisitos verdes para los agricultores y ganaderos”. “Lejos de agilizar procedimientos se trasladan competencias a los ayuntamientos que deberán incrementar sus recursos para poder afrontar mayores atribuciones”, añadía.
Por su parte, el diputado de IU Ovidio Zapico recordó que su enmienda es compartida con Podemos y se fundamenta en la falta de voluntad de acuerdo por parte del Ejecutivo tanto con las formaciones de izquierdas como con los sectores afectados y las organizaciones ecologistas.
Además, ha alertado de la sobrecarga que puede suponer para los ayuntamientos la tramitación de las declaraciones responsables sin recursos de apoyo por parte del Principado, más allá de recomendar la aplicación de tasas. “No es una ley socialdemócrata”, apuntó Zapico, asegurando que “solo la apoyan los empresarios y la derecha”.
En la misma línea, la diputada de Podemos Nuria Rodríguez, ha sentenciado que esta ley es “un oxímoron” porque pretende garantizar la calidad ambiental mientras expertos, sectores implicados y organizaciones ecologistas se han mostrado contrarias al texto.
MEJORAR EL TEXTO CON ENMIENDAS PARCIALES
El resto de grupos parlamentarios han coincidido en la relevancia de sacar adelante la normativa, apostando por mejorar el texto en el trámite parlamentario a través de enmiendas parciales.
La mayoría de formaciones no han querido dedicar demasiado tiempo a la enmienda de Vox al considerar que “no merece mayor comentario” su argumentación, pero sí entraron a analizar la enmienda de IU para compartir en parte de sus preocupaciones relativas a una posible sobrecarga para los ayuntamientos.
Foro ha anunciado 16 enmiendas parciales y el PP otras 13, mientras que desde Ciudadanos han resaltado que este debate ha supuesto “la demostración empírica de cómo los extremos se tocan caminando por la senda del populismo”, mientras la formación naranja apuesta por negociar la mejora del texto.
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