OVIEDO, 4 (EUROPA PRESS)
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), ha ratificado en una sentencia del 31 de octubre la nulidad de las prórrogas que el Ayuntamiento de Oviedo efectuó en el contrato con la UTE Asac-Ilunion relativo al servicio informático municipal.
El TSJA ha publicado el fallo, que desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Oviedo a la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo en abril de 2022, en la que se daba la razón al PSOE, denunciante, sobre la prórroga de este contrato.
El contrato tenía que haber finalizado el 1 de enero del 2021 y desde entonces se le ha ido dando continuidad. El portavoz municipal del PSOE, Wenceslao López, ha criticado la “ilegalidad” que ha perpetrado el Ayuntamiento al prorrogar el contrato más allá del plazo posible. Esta sentencia, ha explicado en rueda de prensa López, declara que estos servicios están en “situación ilegal”.
López ha puesto de manifiesto que esta forma de proceder da idea del “reiterado comportamiento de este Ayuntamiento de saltarse las reglas del juego”.
Por su parte, el concejal Ricardo Fernández ha explicado que esta sentencia “remacha el clavo” de la anterior de abril. “Si la anterior decía que había que haber hecho una contratación nueva y no recurrir al subterfugio en el que se cobijaron, esta lo que dice es que la sentencia dictada en su momento es más que correcta”, ha explicado.
El edil socialista ha detallado que la operación del Ayuntamiento consistió en, una vez vencida la contratación formalizada en 2015 y agotadas las dos prórrogas legalmente posibles, no hicieron una tramitación nueva para cubrir los servicios de informática y sus necesidades.
Continuaron con el contrato, ha agregado, amparándose en la circunstancia excepcional que ampara la ley, pero “no han podido probar que haya ninguna circunstancia excepcional que permita dar vida a este contrato más allá de enero de 2021”.
Ahora el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar las costas del proceso judicial, y la ejecución de la sentencia obligará a determinar si hay consecuencias patrimoniales por la prórroga ilegal, y establecer si tiene que haber una contraprestación por los servicios realizados.
- Te recomendamos -
