La XDLA reclama que los cuentas recojan “políticas claras” a favor del asturiano “para asegurar su futuro”

Afirman que el caso de Xicu Ilesies muestra “las consecuencias de la falta de derechos lingüísticos que sufrimos los asturianohablantes”

OVIEDO, 22 (EUROPA PRESS)

La Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana ha reclamado este jueves a través de nota prensa al Gobierno autonómico y los grupos parlamentarios que utilicen los presupuestos autonómicos para el 2023 para recoger “políticas claras” a favor del asturiano y del gallego-asturiano “que aseguren su futuro”.

A través de nota de prensa, la organización ha reclamado a los políticos “que entiendan de una vez la lengua y la cultura asturiana como un eje prioritario para el futuro” y ha recordado que el sector de la industria de la lengua reúne a muchos profesionales.

La entidad ha afirmado que el caso de Xicu Ilesies -al que la justicia no ha permitido registrar el nombre y los apellidos en su lengua materna- muestra “las consecuencias de la falta de derechos lingüísticos que hemos sufrido los asturianohablantes”, a lo que han añadido la presencia del asturiano en el sistema educativo, después de la eliminación del Plan Piloto, y en RTPA, donde “no hay dibujos animados, informativos o retransmisiones deportivas en este idioma”.

Por eso, la XDLA ha reclamado que el currículo educativo incluya el asturiano y el gallego-asturiano, además de la cultura asturiana, como ejes vertebradores. Además, reclaman a la Dirección Xeneral de Política Llingüística y RTPA que pongan en marcha un Servicio Asturiano de Doblaje y Traducción, “destinado sobre todo a nutrir de dibujos animados a la televisión pública y que estos productos sirvan como apoyo a la enseñanza de este idioma”.

También han indicado que la Dirección Xeneral de Política Llingüística no puede convertirse “en una agencia de subcontratación a lo mejor postor donde se premien los proyectos más baratos sobre su calidad o repercusión”, y han reclamado fortalecer esta entidad con más filólogos y traductores “para poder afrontar las iniciativas normalizadoras en la Administración pública”.