OVIEDO, 27 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Asturias ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Impulso Demográfico, la primera iniciativa legislativa de este mandato.
Según ha informado el Ejecutivo regional a través de una nota de prensa, la norma combina políticas dirigidas al fomento de la actividad económica y la cohesión social, por un lado, y tendentes a fomentar el aumento de la población, por otro.
Además, explican que refuerza el “amplio consenso” alcanzado la pasada legislatura en el parlamento con el dictamen sobre el reto demográfico, dado que no sólo recoge muchas propuestas incluidas en aquel documento, sino que también incorpora otras nuevas, fruto de la última ronda de reuniones y conversaciones con todos los grupos.
El impulso demográfico es la “prioridad indiscutible” para el nuevo mandato, tal y como precisó Adrián Barbón en su discurso de investidura, en el que explicó que el éxito en este ámbito dependerá del buen desempeño de todas las políticas del Ejecutivo. El objetivo que se persigue es responder al descenso de habitantes, el envejecimiento y el despoblamiento con iniciativas eficaces a medio y largo plazo.
El proyecto que ahora se remitirá a la Junta General consta de 81 artículos e introduce la perspectiva demográfica en todas las políticas públicas, al entender que solo con un planteamiento coordinado y transversal podrá contenerse y revertirse la tendencia poblacional.
El Gobierno del Principado incluyó medidas específicas para contener el declive demográfico en Asturias, la comunidad más envejecida de España, en todos los presupuestos de la última legislatura. El vigente, por ejemplo, aumenta las ayudas directas a la natalidad, mejora las deducciones fiscales y habilita, por primera vez en la historia, ayudas para las familias con menores de cuatro años: hasta 1.500 euros por hijo o hija que no tenga escuelas infantiles públicas en su concejo o carezca de plaza.
El proyecto de ley responde a la misma estrategia, pero con un planteamiento más amplio y ambicioso: dotar de un marco jurídico adecuado y estable a todas las actuaciones dirigidas a encarar el desafío demográfico con una perspectiva a medio y largo plazo.
Entre otras líneas de actuación, establece las siguientes la clasificación de los concejos en cuatro categorías, la fiscalidad diferenciada, la atención a la población migrante o el fomento de la igualdad y conciliación.
El texto original del proyecto de ley se aprobó el 10 de marzo y la mesa de la Cámara lo admitió a trámite el día 27, pero decayó al disolverse la Junta General en abril por la convocatoria de elecciones autonómicas.
Así, ha sido necesario reanudar el proceso para iniciar su debate parlamentario. El Consejo de Gobierno había previsto dar luz verde al texto en la primera reunión de la legislatura, pero no lo hizo por la petición del ya exportavoz del PP, Diego Canga, quien propuso aplazarla para facilitar el acuerdo. Esta misma semana, el PP decidió unilateralmente romper las negociaciones, indican desde el Principado.
En cualquier caso, tras la negociación con los grupos parlamentarios, se han introducido varios cambios, como remarcar el uso de una fiscalidad diferenciada así como el refuerzo del compromiso de elaborar planes demográficos de carácter general o parcial dirigidos a sectores o territorios específicos, el desarrollo de servicios de transporte a demanda en el medio rural, el compromiso de potenciar la hospitalización a domicilio y las unidades de coordinación sociosanitaria, y blinda el Plan Concilia, el Plan Retorna Asturias y la Oficina del Retorno.
También introduce modificaciones que afectan a los montes. Principalmente, consisten en el impulso de medidas que clarifiquen la propiedad rural y la delimitación de fincas. La falta de actualización impone trabas al emprendimiento y al desarrollo económico en la zona rural, argumentan los impulsores de la norma. Por ejemplo, implica dificultades para gente joven que quiere emprender a la hora de alquilar o comprar una finca y registrarla, requisito fundamental para acceder a ayudas.
El objetivo del gobierno es facilitar el mayor acuerdo parlamentario posible para asegurar la estabilidad de las políticas demográficas. El Ejecutivo sostiene que las medidas solamente tendrán éxito si se mantienen a medio y largo plazo.
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