OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)
El presidente del sindicato educativo ANPE en Asturias, Gumersindo Rodríguez, y la coordinadora del Servicio del Defensor del Profesor de la organización, Montserrat Fernández, han alertado este martes del “problema creciente” que suponen las agresiones a profesores en Asturias y la presión que sufren para modificar notas. Desde ANPE reclaman a la Administración regional que se tomen medidas al respecto.
En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Montserrat Fernández se ha encargado de dar los detalles del último Informe del Servicio del Defensor del Profesor, correspondiente al curso 2021-2022.
En el trabajo se aprecia un aumento de las agresiones físicas al profesorado. Han detectado seis casos de docentes agredidos por alumnos, pero también el de un padre que pegó a otro profesor. Los responsables de ANPE creen que estos no son los últimos casos y que probablemente habrá más. También han reclamado al Gobierno del Principado que no ignore estas agresiones, lamentando que no aparezcan en los informes oficiales.
El Defensor del Profesor ha atendido, desde su puesta en funcionamiento, en 2006, un total de 464 casos, de los que 36 corresponden al curso 2021-2022. Son tres más que el pasado año.
El número de casos registrados son 17 en primaria, 12 en secundaria, 3 en ciclos formativos de FP, 3 en infantil y uno en la Escuela Oficial de Idiomas.
Entre los casos, y además de las siete agresiones mencionadas, figuran 16 faltas de respeto de alumnos, 16 faltas de respeto de los padres, 11 problemas para dar clase, 11 denuncias (ante el centro educativo) de los padres contra los profesores, 6 denuncias (ante el centro educativo) de los alumnos contra los docentes) y 4 presiones para modificar notas.
En este último punto, desde ANPE han detectado que el profesorado siente que si se regalan una nota, al año siguiente todo el alumnado no estudiará para superar su asignatura, creando así un agravio comparativo con el resto de alumnos y más conflictos con el resto de alumnado y familias.
Las situaciones descritas, han explicado, afectan directamente al estado de salud del profesorado que sufre la presión que ejercen las familias, descrédito, faltas de respeto, insultos o enfrentamientos. Ello provoca, indica el informe, que haya docentes que sufran cuadros de ansiedad y que tengan que recurrir a una baja médica.
Durante el curso 2021-2022 se contabilizaron 36 casos de docentes con síntomas de ansiedad, seis veces en los que la situación derivó en la incapacidad laboral temporal del profesional y cuatro profesores manifestaron estar padeciendo estrés como consecuencia de los hechos.
Ante esta cuestión relativa al estado anímico de los profesionales, en ANPE han creado un decálogo para la mejora de la salud mental del profesorado.
Desde el sindicato se ofrece, a través del Servicio del Defensor del Profesor, apoyo psicológico, asesoramiento general y estrategias emocionales. Pero además, la organización cuenta con un servicio de asesoría jurídica gratuita par los docentes.
Para ponerse en contacto con el Defensor del Profesor y comunicar los casos, la mayoría lo hace por teléfono, si bien también los hay que utilizan el correo electrónico, en menor medida, o la visita a la sede de ANPE.
Gumersindo Rodríguez y Montserrat Fernández han comentado que las situaciones de acoso y violencia que sufren los profesores no solamente afectan a los profesionales, sino que también va en contra de la calidad de la educación.
“Nos consta que existen más casos que los recogidos en este informe, pero la mayoría prefiere callarse y no someterse al escarnio público”, han explicado, advirtiendo que este tipo de situaciones cada vez son más habituales.
Así las cosas, desde ANPE ven necesario un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de actuación para los casos de agresiones al profesorado. Ponen de ejemplo a Castilla y León, que cuenta con un protocolo ante ese tipo de agresiones.
También piden el cumplimiento de los decretos de convivencia, un plan específico de formación del profesorado, asistencia jurídica y psicológica gratuita, reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes, el impulso de una campaña de concienciación social y que se clarifiquen las funciones del profesor coordinador de bienestar.
“Creemos firmemente que la Administración debe defender y proteger a sus profesores frente a las posibles agresiones que se produzcan y que lesionen sus derechos o su imagen pública”, han señalado.
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