OVIEDO, 31 (EUROPA PRESS)

La diputada del PP en el Congreso por Asturias, Paloma Gázquez, ha anunciado este viernes la presentación de una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológicay Reto Demográfico con la que pretende pedir al Gobierno de España que se activen ayudas “para paliar los afectos ambientales y económicos de los incendios forestales que están sucediendo en Asturias”.

“Estamos viviendo una tragedia en nuestra región de dimensiones terribles, parece una mala pesadilla; la serie de incendios que están asolando literalmente a Asturias nos deja a personas desalojadas de sus residencias, carreteras cortadas, incontables muertes de animales y pérdida de flora; y sin duda con una importante pérdida económica”, ha dicho la parlamentaria en nota de prensa.

Así, además de mostrar apoyo y solidaridad a las personas afectadas, ha defendido “empezar a trabajar en las soluciones yrecuperación”. “Todos estos incendios van a dejar una huella ennuestro territorio y en nuestra rica biodiversidad difícil de recuperar, y además un impacto económico que empieza por el propio coste de la extinción, de los bienes perdidos y las cuantías necesarias para la restauración”, alerta.

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Por ello, el PP solicita al Gobierno de España elaborar, en colaboración con las administraciones afectadas y a la mayor brevedad posible, un informe con la evaluación de los daños de los incendios forestales sucedidos en Asturias, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos, y activar las ayudas derivadas de la situación de emergencia o naturaleza catastrófica, especialmente de los denominados como ‘gran incendio’ o que hayan afectado a la población o espacios naturales singulares; y analizar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de Julio, en los municipios asturianos afectados gravemente por los incendios forestales durante 2021″.

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Igualmente, pide que, en atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por los incendios, y en concreto, conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan; realizar la compensación a las corporaciones locales asturianas por gastos derivados de actuaciones inaplazables; aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes; y aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.

También plantea aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras hidráulicas que se hayan podido ver afectadas por el fuego, en particular aquellas que dan servicio a pequeños agricultores; aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales; y aprobar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

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“Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas; y colaborar, con las administraciones competentes, en la realización de los trabajos de restauración forestal y ecológica de las áreas afectadas por el incendio y coordinar las medidas de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares”, son también medidas planteadas.

Igualmente, desde el PP instan al Gobierno a comunicar a los Ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas de cara a la previsión de presupuestos municipales; y llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de Julio.


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