Tenían “pinchadas” el agua y la luz para su producción, dice la Fiscalía
GIJÓN, 18 (EUROPA PRESS)
El juicio contra cuatro acusados de tener una plantación de cannabis en una finca de Carreño, para la que supuestamente tenían “pinchadas” el agua y la luz, ha quedado suspendido hasta el 13 de marzo de 2023, debido a la falta de un testigo.
Así se ha decidido antes del inicio del juicio, que se iba a celebrar en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón. La Fiscalía de Área de Gijón solicitaba para cada uno de los cuatro acusados la pena de tres años de prisión.
De acuerdo al relato del Ministerio público, los acusados tenían en una finca de Albandi (Carreño) un cultivo de cannabis, instalando para ello sistemas de iluminación, riego, ventilación y secado para la elaboración, corte, conservación y pesaje. No consta, en cambio, que el propietario de la parcela tuviera conocimiento de esta actividad.
El 10 de junio de 2020 se personaron en la finca agentes de la Guardia Civil y se incautaron de 36 plantas de marihuana (18 de ellas de unos 70 centímetros de altura y las otras 18 de 90) y 14 racimos de cogollos. Aprehendieron igualmente tres básculas de precisión, un compresor y doce probetas. El total de la sustancia intervenida hubiera tenido un valor en el mercado ilícito de 9.734,37 euros, en su venta al por menor.
Asimismo, los procesados, para llevar a cabo este cultivo, obtenían la electricidad desde un punto de luz público exterior a la finca, con cable soterrado. La cuantía de la energía obtenida ilícitamente fue valorada en 1.223,60 euros. También disponían ilícitamente de agua, cuyo consumo reclama el Ayuntamiento de Carreño, por una cuantía de 11.539,1 euros.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública del artículo 368 párrafo primero (sustancias que no causan grave daño a la salud) del Código Penal y de un delito de defraudación de fluido eléctrico y de agua del artículo 255.1.1º.
Solicita, por ello, que se condene a cada uno de los acusados, por el delito contra la salud pública, a la pena de 3 años de prisión y multa de 10.000 euros, y, por el delito de defraudación de fluido eléctrico y agua, a diez meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, además del abono de las costas.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que los acusados indemnicen a la empresa de electricidad con 1.223,60 euros y al Ayuntamiento de Candás con un total de 11.539,1 euros. Todo ello, más los intereses legales correspondientes.
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