OVIEDO, 23 (EUROPA PRESS)

La consejera de Hacienda del Gobierno del Principado de Asturias, Ana Cárcaba, ha defendido este viernes ante el pleno de la Junta General el proyecto de presupuestos autonómicos para 2023, afirmando que las cuentas servirán para reforzar los servicios públicos y ayudar a quienes más lo necesitan.

De este modo, ha dicho que le generan “extrañeza” las enmiendas a la totalidad de varios grupos parlamentarios que en años anteriores sí respaldaron el presupuesto cuando este es más expansivo, con mayor inversión productiva y ampliación de ayudas y deducciones. Cuatro son los grupos que presentan enmienda a la totalidad para la devolución de las cuentas al Gobierno: PP, Vox, Ciudadanos y Foro.

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La consejera ha rechazado las críticas a un presupuesto “continuista”, asegurando que sí es “coherente” con los principios que guían las políticas del Ejecutivo, al tiempo que ha asegurado el buen ritmo de ejecución tanto de fondos como de las propias cuentas de 2022 y ha afeado que haya grupos de la oposición que opten por “oponerse a todo por sistema” en lugar de “contribuir”.

El proyecto para 2023 alcanza 5.968 millones de euros en total, “el mayor presupuesto de la historia del Principado”, ha remarcado Cárcaba, que considera que es “necesario e indispensable” frente a una prórroga que supondría “el bloqueo o la ralentización de actuaciones”.

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La titular de Hacienda, que dice creer en el modelo fiscal asturiano por ser “equitativo, progresivo y justo”, ha incidido en que las cuentas están dirigidas a quienes más las necesitan: “a los más vulnerables, las clases medias y las clases trabajadoras”.

Entre otras medidas, Cárcaba ha resaltado la ampliación de la cobertura de garantía energética, la tarifa plana para facilitar acceso a transporte público, las ayudas directas a la natalidad y el cuidado hijos de 0 a 3 años o las medidas fiscales para atender situaciones concretas.

Ha destacado la consejera, también, el refuerzo de los servicios públicos fundamentales con 2.100 millones para la sanidad pública, que supone “la inversión en salud por habitante más alta del país”; más de 1.000 millones para políticas educativas, alcanzando la gratuidad del ciclo de 0 a 3 para el 75% de las familias; o más de 600 millones para políticas sociales, con el objetivo de consolidar sistema asturiano de derechos y prestaciones.

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Igualmente, ha incidido en el impulso a la actividad económica y la cohesión social, a la eficiencia energética, la digitalización y la transición justa. Del mismo modo, ha apuntado que la inversión productiva alcanza los 921 millones de euros y se incluyen más medidas para afrontar el reto demográfico. “No entiendo cómo no se valora”, ha dicho para lamentar las enmiendas a la totalidad.


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